Dani Rodrik, economista, profesor de Economía Política en Harvard, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, no juega a gurú ni va de dogmático. Es de los que lleva años avisando de las contradicciones inherentes al proceso globalizador. Lo defiende, claro, pero matiza que es un estafa creer que podemos garantizar al mismo tiempo la soberanía de las naciones y, sobre todo, la calidad democrática. O los Estados nación renuncian a parte de su independencia, siquiera en materia económica, o las democracias sufrirán en un ecosistema que dificulta sobremanera defender los derechos de sus ciudadanos. Es el célebre trilema, cuyas implicaciones, sostiene Rodrik, sólo habrían sido comprendidas, siquiera de forma intuitiva, por quienes como Donald Trump aprovechan las ineficiencias distributivas, la destrucción de las industrias nacionales, el empobrecimiento de sectores antaño prósperos y la marginación de quienes carecen de los conocimientos necesarios para prosperar en el tablero global. Rodrik entiende que la globalización es tan antigua como la historia del comercio, desde que los marinos griegos salieron a la mar con las bodegas cargadas de ánforas. Pero también que a los perjudicados por la globalización en los países del Primer Mundo no les consuela saber que el comercio y la civilización caminan juntos. Normal que tampoco celebren que la bajada de sus expectativas económicas haya sido compensada con la salida de la miseria de amplias capas de población en el sudeste asiático y África. Por decirlo con el propio Rodrik en su célebre teorema de imposibilidad, de 2007, «la democracia, la soberanía nacional y la integración económica global son mutuamente incompatibles: podemos combinar los dos, pero nunca las tres simultáneamente y en su totalidad». Los populistas, claro está, sostienen que la solución pasa por desechar la globalización. Aunque a la vista del comportamiento de Bolsonaro, Iglesias o Trump tampoco cabe descartar que la gran perjudicada en el medio plazo sea la propia democracia. El autor de libros indispensables, como La paradoja de la globalización: democracia y futuro de la economía mundial, sostiene que una opción es que los viejos estados nación apuesten a satisfacer las necesidades de la economía global al tiempo que olvidan o erosionan los derechos de los ciudadanos locales. Una segunda posibilidad, en cierta forma antagónica, pasa por fomentar el «federalismo global», capaz de alinear «el alcance de la política (democrática) con el alcance de los mercados globales». Él mismo reconoce que, si quiera de momento, la propuesta no parece demasiado realista. De hecho «Es bastante difícil de lograr incluso entre países relativamente afines y similares, como lo demuestra la experiencia de la UE». Finalmente, escribió, «podemos rebajar nuestras ambiciones con respecto a cuánta integración económica internacional podemos (o debemos) lograr. Entonces, buscaremos una versión limitada de la globalización, que es de lo que se trataba el régimen de Bretton Woods de la posguerra (con sus controles de capital y una liberalización comercial limitada). Desafortunadamente se ha convertido en una víctima de su propio éxito. Hemos olvidado el compromiso incrustado en ese sistema, fuente de su éxito». Qué decir entonces cuando las exigencias globales mezclan lo económico con lo sanitario y la protección de la salud y la vida, como ha demostrado la pandemia del Covid-19. En un artículo del mes de enero, publicado en Project Syndicate junto a su colega en Harvard, Stefanie Stantcheva, solicita reorientar las inversiones en nuevas tecnologías «en una dirección más favorable al empleo», sostiene que «las políticas para combatir el cambio climático, como el Acuerdo Verde Europeo, deben estar explícitamente vinculadas a la creación de empleo en las comunidades rezagadas» y apuesta por un nuevo orden económico que requiera «un quid pro quo explícito entre las empresas privadas y las autoridades públicas». Sostienen que «para prosperar, las empresas necesitan una fuerza laboral confiable y calificada, una buena infraestructura, un ecosistema de proveedores y colaboradores, fácil acceso a la tecnología y un régimen sólido de contratos y derechos de propiedad. La mayoría de estos se proporcionan a través de la acción pública y colectiva, que es el lado del trato del gobierno. Los gobiernos, a su vez, necesitan que las empresas internalicen las diversas externalidades que sus decisiones laborales, de inversión e innovación producen para sus comunidades y sociedades. Y las empresas deben cumplir con su parte del trato, no como una cuestión de responsabilidad social corporativa, sino como parte de un marco regulatorio y de gobierno explícito». Frente a los apóstoles de la mano invisible y los nostálgicos de la economía fuertemente teledirigida la lucidez sin pamplinas de un científico social comprometido con la gobernanza mundial, el crecimiento económico, la innovación tecnológica, el fortalecimiento de la democracia y la mejora objetiva de las condiciones de vida.

Julio Valdeón

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