La degradación de la democracia española avanza a buen ritmo. Tres son las noticias de estas últimas horas que confirman el agravamiento. De un lado el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General. La mujer que destituyó al Jefe del Departamento de Penal de los Servicios Jurídicos del Estado por negarse a cambiar el sentido de la acusación en el juicio del Procés, que pasó de rebelión a sedición, ella, o sea, estará al mando de la fiscalía. Sustituirá a María José Segarra, que ha peleado como una pantera para salvaguardar la autonomía e independencia de criterio de los fiscales. Segunda calamidad: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto reunirse con Quim Torra, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al que la JEC ha desposeído de su condición de diputado sin que el TS haya suspendido aquella resolución, con lo que, hoy por hoy, no es más que un transeúnte. Sánchez prima la opinión de un Roger Torrent sobre el criterio del Poder Judicial, que como recuerda su ministro, el inefable Manuel Castells, peca de nacionalista y español, tanto monta. Finalmente, en Cataluña, la Generalidad sancionará con falta grave, que apareja rebaja en la categoría laboral y recorte de emolumentos, al funcionario de prisiones que denunció los obscenos privilegios penitenciarios de los que gozan los condenados por el intento de golpe de Estado. Los tres sucesos confirman las putrefacción del Estado de Derecho, puesto en almoneda por un gobierno netamente frentista. Que prefiere reconstruir en la política nacional el campo de juego ya ensayado con éxito por los nacionalistas en Cataluña, con el damero dividido en dos mitades irreconciliables y los leales a la ley masacrados en nombre de la desinflamación. El encono, el desprecio y la rabia serán combustibles de alto octanaje a mayor gloria de una polarización sedimentada por el uso partidista de las instituciones. El ejecutivo pretende introducir de contrabando una suerte de institucionalidad paralela, alternativa y fake, a la que sólo podemos acostumbrarnos si damos por bueno este lodazal jurídico y ético como el mejor de los mundos posibles. La única esperanza es que la sociedad civil reaccione y arranque a crear una red de plataformas, ajena a los partidos políticos, para ejercer la acusación popular. En vista de que Lola Lolita Lola piensa tratar a sus colegas -y a nosotros, súbditos pisoteados por quienes tienen bula para surfear medio metro por encima de las leyes- con la lealtad que le mereció Marlaska frente a Villarejo.

Julio Valdeón

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