HC SVNT DRACONES (Hic sunt dracones, o sea, Aquí hay dragones), alertaba el globo terráqueo de Hunt-Lenox, uno de los más antiguos que existen y el primero en incluir el continente americano. El globo está custodiado en la biblioteca pública de Nueva York, a 33 minutos en metro de mi casa. Desde Brooklyn, enchufado al streaming, seguí la épica aventura de los ropones que enjuiciaron a unos políticos que habían puesto las instituciones al servicio del golpe de Estado. Conspiraron para tumbar la ley, segregar a una parte del territorio y alumbrar un nuevo orden jurídico, un nuevo país, mientras trituraban el ordenamiento constitucional y burlaban los derechos políticos de decenas de millones de españoles. Hoy, a 14 de octubre de 2019, abro el ordenador y constato aliviado que los dragones siguen más allá del mundo conocido, que triunfa la civilización sobre los bárbaros, que el Estado de Derecho, herido pero resiliente, ha sorteado todas las celadas imaginables, las campañas de difamación, las acometidas golpistas, las deyecciones de los que arrollaban la razón con los aditivos y colorantes de la retórica secesionista. En los días del populismo infecto surge vivificadora la ráfaga de una sentencia discutible, como todas, pero también impecable. Lo mejorable será el mundo, que tiene mal remedio. Lo jodido será la clase política española, comprada o captada por el nacionalismo, que transigió con una reforma del Código Penal que subrayaba la necesidad de la violencia en la rebelión, dando pista libre a aventuras golpistas como la que hemos sufrido. Lo lamentable será la abulia atroz, el pasotismo patético de los votantes, que premian en las urnas a quienes durante décadas alimentaron al monstruo, el cáncer xenófobo, y los comentaristas que aspiran a hacerse perdonar cualquier sospecha de españolismo, y los medios que hicieron lucrativos negocios con los capos supremacistas, y por supuesto, siempre, los votantes, ayunos de educación para la ciudadanía y ensimismados por los cantos de sirena del catalanismo. El legislador, en un acto de colosal ceguera, había interpretado que los golpes de Estado del siglo XXI reunirán las características de las asonadas del XIX, de los que el el 23-F fue el último urogallo. Lo duro, entonces, sería constatar que a la vista de todo esto a los jueces no les ha quedado más remedio que renunciar a la rebelión porque disponemos de un Código Penal que nos defiende mal de ella. Porque incluso cabe la hipótesis de que la acometida de los políticos insurrectos no quepa en el citado delito. Como ha escrito mi admirado Alejandro Molina «toda rebelión es un golpe de Estado, pero no todo golpe de Estado tiene, penalmente, que ser rebelión; de hecho podría no ser ni sedición». Molina añade con lucidez láser que a lo peor el problema es que algunos creyeron que «la actuación jurisdiccional tenía por objeto acabar con el nacionalismo». Eso explica, sospecho, que los diarios circulen ya abonados de comentarios desesperanzados, lamentos dolientes, acusaciones de pasteleo, detritus intelectuales, mientras los jugadores de fortuna hacen su agosto y los traficantes de chascos, abonados al cuanto peor mejor, denigran el Estado de Derecho y demuestran hasta qué punto les parece una pijada la separación de poderes. A fin de cuentas son años, décadas, de turra tóxica, de inclemente rodillo nacionalista. Si los golpistas llegan a salirse con la suya el 78 habría saltado por los aires. Junqueras y cia. usaron a las masas para conseguir su propósito y la violencia siempre estuvo ahí, con un cuerpo policial que operó con perruna obediencia a quienes podrían calificarse sin excesiva hipérbole como líderes de una organización criminal. Pero en este periódico donde escribo, y en todos los periódicos del mundo, leemos que el Supremo ha condenado a Oriol Junqueras a 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de sedición y malversación, a Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los mismos delitos. A Carme Forcadell a 11 años y seis meses, a Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses y a los Jordis a nueve años. Santi Villa, Meritxell Borràs y Carles Mundó han sido condenados por desobediencia. Con lo sucedido, desde los Mossos binomios a las leyes de desconexión, de las agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo sucedido ante la Consejería de Economía, la Constitución estuvo a un pelo de saltar por los aires. No es cierto que el alzamiento tumultuario y el intento de derogar, suspender o modificar total o específicamente la Constitución, el afán por destituir o despojar en parte o en todo de sus prerrogativas y facultades al Rey, la disolución del Parlament, la declaración de independencia de una parte del territorio nacional, la sustitución del gobierno por otro y la sustracción de cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno fuesen una ilusión, una sombra, una ficción, o que la violencia fue sueño y los sueños son, pero los jueces no están aquí para enmendar la plana del legislador ni enjuagar milagros. Entiendo y asumo que la violencia resultaba discutible, opinable, polémica a la luz de un código insuficiente. En su sentencia el Tribunal admite que «la causa penal que ahora enjuiciamos encierra elementos que la singularizan y atribuyen una dimensión histórica». Pero «Nuestro análisis, como es obvio, no puede prescindir de toda una serie de connotaciones que complementan -pero también dificultan- el análisis jurídico. Pero esa constatación no puede invitarnos a rebasar los límites que legitiman nuestra función como órgano de enjuiciamiento. No nos incumbe ofrecer -ni siquiera, sugerir o insinuar- soluciones políticas a un problema de profundas raíces históricas. Hemos sido llamados al enjuiciamiento de unos hechos que el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado y la acción popular, han considerado delictivos. Nuestra aproximación valorativa a esos hechos ha de limitarse a examinar si los procesados que impulsaron una declaración unilateral de independencia, que lo hicieron mediante la creación de una legislación paralela sin otra fuente de legitimidad que las vías de hecho y que recurrieron a la movilización tumultuaria, encaminada a la inobservancia de los mandatos judiciales, han quebrantado valores constitucionales sujetos a protección penal». No hay más, ni mucho menos. Celebren que en España disfrutamos de todas las garantías procesales imaginables y que nuestros togados sentencian teniendo siempre clarísimo el principio sagrado del in dubio pro reo. Recuerden, paradojas de la vida, que la abogacía del Estado taponó la vía de escape de la sedición, que los fiscales habían dejado fuera de sus consideraciones definitivas, con lo que sellaba la nefasta contingencia de que los mafiosos fueran absueltos o, a lo sumo, les cayeran los pellizcos de monja enana de la desobediencia. Agradezcan al gobierno de Mariano Rajoy, y ahora al de Pedro Sánchez, y a sus predecesores, las concesiones, las retiradas, los naufragios, las concesiones, los chollos, las negligencias cuando los mandarines locales expulsaban al Estado e implantaban en el cerebro de los escolares unos embustes tóxicos y por encima de todo el odio. Recuerden que a la hora en la que escribo otro hombre justo, el juez Pablo Llarena, acaba de reactivar la euroorden contra el sinvergüenza de Carles Puigdemont. Más que nada para evitarle el ridículo de que acabe en alguna jungla del sudeste asiático, escondido en taparrabos junto a un hatajo de pederastas, o refugiado en las cuevas de Tora Bora, que no Bora Bora, ¿eh?, vestido de amarillo canario con barba de mulá Omar y aullando jeremiadas junto a un botijo de criminal ratafía y un AK-47 de plástico. En septiembre y octubre de 2017 un clérigo mesiánico, un político que escapó para recibir terroristas en Waterloo y dos millones de facciosos, racistas, sublevados contra la democracia, proclamaron que España había dejado de existir, que nunca más pagarían las operaciones quirúrgicas de sus vecinos, que las calles eran suyas, que la escuela y la lengua servirían para capitanear un paraíso muy puro y que Europa asistía al nacimiento de un Estado identitario, fundado en principios tan putrefactos como el Blut und Boden y propulsado con las teorías y tácticas protonazis de los prosélitos del asamblearismo, la llamada democracia directa y los referéndums. Hic sunt dracones rezaban los mapamundis antiguos. Los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, benditos sean, los mantienen a raya.

Julio Valdeón

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