En los predios de internet firma un tal Alejandro Ango, máscara del gran Alejandro Molina, abogado, columnista, y uno de los intelectuales españoles fundamentales de un tiempo cargado de fantoches. Le pregunto por el juicio. Molina fue el primero en explicar que la Abogacía del Estado podría haber sellado el destino de los golpistas. Me recuerda que “la querella de la fiscalía fue por rebelión, subsidiariamente sedición y alternativamente a ésta, por proposición/conspiración para la rebelión; acumuladamente a esos delitos, se imputó el de malversación”. Así las cosas había temor a que la fiscalía se centrase, por cuestiones digamos psicológicas, en la rebelión, para dar más empaque a sus conclusiones finales, “sin formular calificaciones alternativas o subsidiarias por sedición o conspiración/proposición para la rebelión”. De forma que “si tras la prueba en el juicio oral no se evidenciaba violencia suficiente o adecuada para los fines de la rebelión, pudiera haber una absolución de los delitos más graves por imperativo del principio acusatorio, que impide condenar por delito distinto de aquel por el que se formula acusación, salvo que los delitos sean homogéneos”. O sea, que o rebelión o a casa por la puerta grande. Porque la rebelión no es una versión agravada de la sedición, pues el bien jurídico protegido es distinto, “más amplio y relevante en la rebelión, que tutela la vigencia de la Constitución misma y la integridad territorial del Estado”, mientras que la sedición atiende al orden público, la paz social y otras movidas como de sereno a medianoche. ¿Que qué sucede? Pues que el gobierno cesa al Abogado del Estado, Bal, que siempre mantuvo que estábamos ante un delito de rebelión, y nombra a Seoane, que “deja fuera la rebelión y califica los hechos de sedición”. Vale, sí, provoca una avería en “la credibilidad de la acusación” dado que “se metió a calificar unos hechos que en puridad no le competen con la finalidad exclusiva de desautorizar el criterio del instructor”. A cambio, ahora da igual que la Fiscalía no haya acusado por sedición, porque el hueco lo cubrió la Abogacía, imposibilitando la absolución si el tribunal descarta que haya logrado probarse el delito de rebelión. Las concesiones del gobierno de Sánchez acaso valgan por 12 años de cárcel. Y el bueno de Jordi Cuixart loco de contento: el Nobel de la paz, aún más cerca.

Julio Valdeón

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