Fue prodigioso. Ayer, en la sala 2 del Tribunal Supremo y bajo la mirada protectora y severa de un juez Marchena comparable a Job, subió al estrado una serie de adultos en calidad de testigos. La primera, Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidente del gobierno, respondió con filo dialéctico a las preguntas de la acusación popular, la fiscalía y las defensas. En un Estado Derecho, vino a decir como otros cantan o cosen, con esa media sonrisa suya de opositora metralleta, los gobiernos no están facultados para fumarse las reglas. Tampoco para influir en las decisiones judiciales o planificar los operativos de los agentes antidisturbios. Ni son informados de las diarias abluciones de una ciudadanía que según el pensamiento magufo de algunas defensas pareciera vivir bajo una bota granhermano modelo siete suelas. Asunto distinto son los gobiernos que sufren estados carenciales de democracia. O los gobernantes que creen la voz a ti debida a un mandato tronante y divino, capaces de separar las aguas. En España y desde 1981 no habíamos disfrutado de gente tan dotada, exploradores de la razón hasta los límites del despotismo, coleccionistas de agravios, escultores de patrias, hasta el advenimiento de Puigdemont. Gracias a los servicios de esta buena gente hoy disfrutamos de las incalculables exhibiciones del abogado del señor Junqueras, camino de recibir el Oscar mientras la otrora todopoderosa vice le daba un repaso para dummies al abecé de la ley en democracia. De particular interés fue escucharle que el gobierno no puso en marcha el estado de sitio en Cataluña para no restringir derechos ciudadanos. Derechos pisoteados por los atropellos jurídicos de septiembre, la convocatoria y celebración del referéndum o la declaración de independencia, DUI, que en su opinión, y en la de cualquier terrícola que siguiera los acontecimientos, tenía muy poco de simbólica. De ahí el 155. O nadie recuerda ya las cartas en las que el entonces presidente Rajoy emplazaba al entonces president Puigdemont a dar marcha atrás. Cuando alguien inquirió por la violencia SSS disparó que si «una comisión judicial tiene el encargo de llevar a cabo un registro, va a una dependencia pública, se impide que los detenidos estén presentes y no se le deja salir…». Claro que Soraya tuvo más difícil explicar por qué no actuaron antes si estaba claro, y lo estaba, que aquello era un golpe entre algodones de confeti pero en marcha. Cuesta justificar la tórpida renuencia, los malabarismos del despacho, el brazo protector de Junqueras, la pasividad ante las burlas y los desafíos. El ánimo para modular, el vértigo que provocaba asomarse a la suspensión de la autonomía y el empeño por proteger la convivencia conviven mal con la evidencia de que el ataque contra la democracia fuera respondido tarde. Quien mejor aprovechó laslos agujeros negros fue, como siempre, el abogado Javier Melero, vocaldo a desentrañar la maleza técnica del proceso sin recostarse en el cojín muelle de la soflama. Al abandonar la sala la que fuera todopoderosa emperatriz del rajoynato restaba la imagen de una mujer extraordinariamente preparada y muy pero que muy lejos de las insustanciales pillerías a las que nos tienen acostumbrados tantos políticos. Si acaso sorprendió que se escudara tantas veces detrás de los subordinados o que por toda fuente contara con los digitales y el telediario. Tras ella fue el turno del ex presidente Rajoy, que hizo de Rajoy con la solvencia acostumbrada. Entre puntadas irónicas y galleguismos de parlamentario muy curtido recordó que los referéndums para reformar la Constitución hay que debatirlos en el Congreso y «después que vote el conjunto del pueblo español». Pues «Es el pueblo español lo que decide qué es España» y «eso quedó meridianamente claro desde el primer momento». No tanto, don Mariano, no tanto. Al menos no para Puigdemont y el resto. Al 1-O me remito.