Hay que reconocer los efectos tónicos que apareja el estoicismo del juez Marchena. Como los acusados largan por los codos podemos acomodar en el lugar exacto que corresponde a la retórica procesista, blandiblú. Una cataplasma que desborda la ley con las encuestas de los digitales subvencionados. Tomen el testimonio de Raül Romeva, ex consejero de Asuntos Exteriores de la Generalidad, encargado de gestionar el aparato de propaganda y promocionar en EEUU y Eurasia las virtudes cívicas de la ruptura constitucional. «La función de Diplocat es que la gente conociera la diversidad catalana en su pluralidad y diversidad». Como los ropones imponen bastante nadie rompió a reír y tampoco compareció la hirigota gaditana que merecía para hacerle unos coros. Su mitin había arrancado con la glosa de su temprana vocación en favor de la paz. Desembocó con el asombro de comprobar que sus apetencias no eran recibidas con canciones de amor por la magistratura. Aunque lo haya repetido hasta agotarnos conviene subrayar aquí la enésima soflama contra el Tribunal Constitucional y la sentencia del Estatuto. Todo lo que hicieron los representantes del Estado español en Cataluña desde entonces, sostienen, nace de la «ruptura emocional dramática» de la sentencia en 2010. «Yo, como otra mucha gente, no estuve independentista, estaba federalista». Más interesante que teclear la evidencia de que los gobernantes deben respetar la separación de poderes y someterse al control de los tribunales, todavía más acuciante que repasar el abecé del Estado de Derecho, incluso más sustancioso que pinchar hasta que sangren los fabulosos embrollos verbales de Romeva, es recordar que el ex consejero viene de donde viene. O sea, de Iniciativa per Catalunya-Verds. Porque en el origen del golpe xenófobo, descontados los innumerables sermones del padrecito Pujol y su organización y sus secuaces, está la claudicación del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña. Una organización que con los años y las reconversiones, limpia ya de cualquier aditamento, recauchutó con apariencia fetén el derecho a decidir de sus sacrosantas gónadas. A fin de cuentas apenas si necesitaban sustituir un mesianismo por otro. «Manifestarse no es alzarse, del mismo modo que protestar no es un delito», dijo. Un sustrato ideológico y argumental con el que Romeva pretende situar del lado de la luz y de la Historia, incluso del costado cabal de la historia del diseño, lo que en cualquier otra latitud sería catalogado como el alzamiento ultra de unos señoritos empeñados en no reconocer a sus conciudadanos como sujetos merecedores de derechos políticos. Solo mediante el uso y abuso del monopolio de lo moral y la moral por parte de la izquierda, y especialmente de la olímpica izquierda catalanista, puede explicarse la chulería de un político capaz de largar que la Constitución no prohíbe la autodeterminación. Ajá. Tampoco la quema de parques nacionales o bajarse hasta el Museo del Prado para pintarle un bigotón a Las Meninas. Respecto a la declaración previa de Turull, que sí aceptó las preguntas de las acusaciones, y más allá de un ramillete de frases dignas de mármol, no tiene otro interés que el de constatar las tácticas de unas defensas que simultanean los llenapistas lacrimógenos y los interrogatorios digamos convencionales. No parece casual.

Julio Valdeón

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