Ahora que ETA pide perdón a parte de las víctimas resulta estimulante buscar artículos dedicados a denunciar la «anestesia democrática del nacionalismo español». Uno de Ignacio Sánchez-Cuenca, autor de manuales deontológicos para intelectuales descarriados. Arguye en ctxt que el «nacionalismo español saca su peor rostro cuando se enfrenta a la demanda de reconocimiento nacional por parte de País Vasco y Cataluña». O sea, que las llamadas ley de referéndum y ley de transitoriedad, y la posible malversación de caudales públicos, y la presunta sedición de los mandos policiales, eran performances en pos del «reconocimiento nacional». Cómo no enternecerse con las «demandas» de País Vasco y Cataluña, que implican que los territorios solicitan cosas y los nacionalistas son sinécdoque de las citadas demarcaciones y portavoces de todos sus habitantes. Y al millón ochocientos setenta mil catalanes que votaron constitucionalista le pueden ir dando. ¿«Lectura literalista» de la Constitución? ¿Mejor una opuesta y/o contraria? Compro flexible. ¿Cómo de flexible? ¿Lo suficiente para negar que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado»? ¿Para fomentar una lectura de derechos en clave patrimonial y en base al código postal asociado a la cuna? ¿Es «arbitrario» el encarcelamiento de quienes siendo parte del Estado basurean las resoluciones del Tribunal Constitucional y las recomendaciones de los letrados del parlamento regional y hasta el Estatuto de Autonomía y la Constitución con la intención de secesionar una parte del Estado? ¿«Arbitrario» enchironar preventivamente a unos políticos sospechosos de haber usado la poltrona para triturar la legalidad? Ah, ¿nos indigna la prisión preventiva? Pues en 2016 el número de presos a la espera de juicio en España era de 7.732. ¿Cuántos de ellos acusados de intentar subvertir el orden constitucional? ¿Acaso los presuntos delitos contra la Constitución y la desobediencia son más livianos y perdonables que el desvío de fondos públicos para pagar monterías, comprar champán o alicatar cocinas? Cuando le damos vueltas al delito de rebelión, al requerimiento de alzamiento y violencia, ¿no olvidamos que la violencia puede ser verbal y psicológica? ¿Alguien escucha a la profesora Teresa Freixes al recordar que en nuestro ordenamiento jurídico la rebelión “armada” constituye un agravante, pero que el uso de las pistolas no es condición sine qua non? ¿Qué hacemos con los hijos de guardias civiles humillados por sus maestros, con el señalamiento y acoso de periodistas, los escraches a fiscales, las pintadas de odio en domicilios particulares (el último, contra el secretario de organización del PSC, Salvador Illa. La pasada semana, contra Tomás Guasch), qué con los ataques a las sedes de partidos (ayer mismo rociaron con heces la sede de Ciudadanos en L’Hospitalet: sólo en esa delegación cuentan 12 asaltos en dos años y medio) o con la posibilidad de que la Generalitad dispusiera de forma ilegal de los datos fiscales de los ciudadanos, y qué con la campaña de agitprop en las calles, coordinada por unas organizaciones que reciben dinero del erario público y que según la UCO, la misma UCO a la que en otras ocasiones tanto aplaudimos, «impulsaban movilizaciones sociales permanentes con las que obtener legitimidad democrática para imponer sus voluntades políticas aún a costa de violentar el estado de derecho» y, en fin, qué con un cuerpo policial cuyos mandos tienen el cuajo de largar en sede judicial que el 1-O «En los colegios nos dijeron que hacían una chocolatada y nos fuimos»? Según el Diccionario del español jurídico, un golpe de Estado implica el «Desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido», y «puede ser autor de un golpe de Estado el propio presidente del ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el Parlamento fuera de los supuestos previstos en la Constitución». Oh, sí, qué siniestro el nacionalismo… español.