Ilustrísimo señor cónsul, distinguidas autoridades, compañeros del CRE, amigas y amigos, muchos de ustedes ciudadanos de ese OVNI que algunos llaman “el Estado” mientras evitan pronunciar su nombre impuro, España…
Acompáñenme de viaje unos minutos por la historia, rumbo al siglo XIX. Los largos periodos de gobiernos conservadores. Los magros intervalos liberales. La lenta y martirizada decantación del movimiento obrero. La larga serie de textos fundacionales que duraban lo que un whisky on the rocks.
1812 y la Constitución de Cádiz, nacida bajo los ataques del fuego napoleónico, y que alumbra el concepto de la soberanía nacional, común, e indisociable de la idea de ciudadanía. Como explicó Fernando Savater el pasado septiembre, con motivo del aniversario de la Pepa, «Llegaron [a Cádiz] los diputados de la Península y ultramar para formar la nación de todos, no para promocionar identidades particulares como mendigos que exhiben sus muñones a la puerta de la catedral para pedir limosna».
Muerta Cádiz, aunque no su semilla, viajamos hasta 1834 y el estatuto Real, más una Carta otorgada que otra cosa.
La Constitución de 1837, con relativa separación de poderes y declaración de derechos.
La de 1845, suspendida en el 54.
Y la Constitución de 1856, que nunca entró en vigor.
Y la de 1869, vigente hasta la instauración de la I República en 1875.
El proyecto constitucional del 73.
La Constitución de 1876, que alcanza hasta 1923.
Por supuesto la Constitución de 1931. Vigente hasta 1936. Nuestro gran y a la postre fracasado intento de modernización, que como todos saben acaba en tragedia.
Y de 1938 a 1975, las Leyes Fundamentales del Reino, con todos los poderes concentrados en la figura del dictador, derechos restringidos, una ciudadanía a la que se trataba de menor de edad, una querencia por los referéndums que haría las delicias de algunos modernos campeones del asunto y un despotismo que fue cualquier cosa menos ilustrado.
Entre todas esas constituciones hubo, finalmente, multitud de pronunciamientos y golpes de Estado. 3 en el siglo XX si contamos el fallido intento de Tejero. Innumerables durante el accidentado y turbulento siglo XIX. Sin olvidar que los textos constitucionales nacieron contra las cartas magnas anteriores. Es decir, que aparte de sus obvias deficiencias siempre tuvieron un punto de reivindicación a la contra al tiempo que exhibían una penosa incapacidad para forjar consensos.
Esta es, en cuatro líneas, la peripecia de España al trasluz de sus constituciones. Una que a la sucesión de normas fundamentales yuxtapone la violencia mientras el grueso de la población malvive en condiciones muy precarias. Con una altísima mortalidad infantil. Un analfabetismo galopante. La recurrencia de la malnutrición y la insalvable distancia con una Europa mítica de tan lejos como quedaba el mundo más allá de los Pirineos.
Normal que Jaime Gil de Biedma escribiera que «De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España / porque termina mal».
O que otro poeta esencial, Ángel González, en sus Glosas a Heráclito, escriba que «Nada es lo mismo, nada/ permanece./ Menos/ la Historia y la morcilla de mi tierra:/ se hacen las dos con sangre, se repiten».
El ciclo siniestro alcanza hasta 1978. Cuando los españoles aprueban una Constitución que consagra la soberanía popular, la división de poderes, el sufragio universal, una amplísima declaración de derechos que reconoce la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, el fin de la censura, la creación del Estado de las Autonomías, del Tribunal Constitucional y de la figura del defensor del pueblo, etc.
Dicen algunos avispados que el del 78 es un régimen surgido de la correlación de debilidades. O sea, que nace fruto de la debilidad de las partes, incapaces de imponerse. Obligadas a transigir y pactar. Pues menudo descubrimiento. Y benditas debilidades, que posibilitan el diálogo entre las dos Españas goyescas. En la elaboración del texto constitucional de 1978, que nace contra la resistencia del búnker, participaron todos los incipientes grupos políticos democráticos. Incluidos, por cierto, los nacionalistas catalanes. Al respecto cabe recordar que Cataluña fue uno de los territorios donde mayor será el apoyo electoral a la Constitución: votó el 67,9% del censo y el Sí obtuvo un 90,5%. Compárenlo con el 59,7% que votó el Estatuto de Autonomía en 1979, que obtuvo un 88,6% de votos positivos. O con el magro 48,9% que votó el Estatuto de Autonomía de 2006, con un 73,9% de votos a favor.
Esa Constitución es hija del pacto y también, claro, del contexto político y económico a nivel internacional. Que hacía muy difícil la supervivencia de un régimen autoritario. Y fruto reactivo, de paso, del miedo que provocaba la posibilidad de repetir nuestra Guerra Civil en cualquier cerebro que no estuviera irrevocablemente enfermo de sectarismo.
La Constitución de 1978 inaugura una era dorada. De lo macro a lo micro, y de la economía a las libertades políticas, España conoce una etapa con sombras, porque la vida es también sombra, y se autoengaña quien crea lo contrario, y ahí están, sin ir más lejos, los jinetes de la corrupción y la última crisis económica, pero en lo esencial, ya digo, han sido, son, años remarcables. Con décadas de estabilidad política. Respeto al delicado juego democrático. Aumento de la calidad de vida y otros índices asociados y etc. The Economist, que elabora un censo de las democracias a nivel mundial y mide sus fortalezas y debilidades, habla de «democracia plena» en el caso español. Concretamente España ocupa el puesto 17 de un total de 167. Nuestro país obtiene un total de 8,30 puntos sobre 10, frente a los 7,99 puntos de Japón y los 7,98 puntos de Italia y EEUU, calificados como “democracias imperfectas”. España recibe 9,58 puntos en “proceso electoral y pluralismo”, 7.14 en “funcionamiento del gobierno”, 7,22 en “participación política”, 8,13 en “cultura política” y 9,41 en “derechos civiles”.
Luego llegarán nuestros acrisolados rebeldes para acusarnos de pinkerianos y explicar que bueno, que bien, que vale, que así cualquiera y que lo nuestro es una simulación de bondades. Una democracia de bajo coste. Una suerte de Matrix con pan y circo.
Olvidan que todo esto sucedió en el país de las asonadas y los espadones, de la curia recalcitrante y el carlismo, del Vivan las caenas y los caciques, de las escuadras del amanecer y las checas, de la quema de conventos y del asesinato de maestros. O, por no ir tan lejos, y también por recordar hasta qué punto tiene mérito la consolidación democrática, la Constitución del 78 sobrevive en un territorio donde hasta hace apenas unos días los terroristas todavía podían asesinarte por pensar distinto a ellos, y ni siquiera en los años de plomo vivimos una involución democrática. Al contrario. La seguridad jurídica y el respeto a las libertades ha permitido que España crezca como un país amable y liberal, tolerante y abierto al forastero y pionero en reconocer derechos civiles. Gracias a la estabilidad del régimen democrático y paralelamente a su fortalecimiento asistimos a una explosión de la renta per cápita, a la incorporación de la mujer a la educación y el mercado laboral, a la masiva incorporación de las clases populares a la educación e incluso a la universidad, a la modernización de un ejército que renuncia a mangonear la vida política, a la consolidación de un robusto ecosistema informativo que, eso sí, lleva años golpeado, y a la cristalización de una industria cultural formidable.
De ahí que provoquen una mezcla de indignación y perplejidad las infamias de quienes estos últimos meses hablaban de fascismo y presos políticos. Entre otras cosas porque con sus palabras insultan la sagrada memoria del antifranquismo. Que existió y padeció exilio, cárcel, torturas y muerte. Los demagogos que confunden la España actual con la Sudáfrica que encarceló a Mandela operan como tontos útiles de quienes pretenden destruir la soberanía popular. O sea, son cómplices, no sé si involuntarios o cínicos, de un movimiento que, en una Cataluña nutrida con la mano de obra del resto de España, estuvieron a punto de dinamitar la Constitución del 78 mientras creaban un Estado a la medida de su xenofobia. Como explica Arcadi Espada, «La operación más clamorosa de posverdad que se ha practicado en Europa es la del gobierno de Cataluña. No creo que haya una operación de ingeniería social y mediática de consecuencias tan alarmantes (…) Trump tiene la ventaja de que es el feo y el malo, y estos son los simpáticos. Hacen las mismas abyecciones que los otros, pero han tenido la habilidad de mostrarse como gente encantadora: son la xenofobia simpática».
Fracasaron, primero, por el coraje de una ciudadanía que supo colocarse allí donde su clase política, con honrosas excepciones, había desertado. En la defensa de la nación como garante de sus derechos. También porque el de los nacionalistas era un golpe de Estado posmoderno, 2.0., y por tanto justificado por el camelo de una hipotética gratuidad. Quiero decir que los nacionalistas esperaban que el golpe les saliera gratis. Todavía peor: en su delirio creyeron que como premio por quebrar la soberanía nacional, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, serían recibidos como héroes en Bruselas. Es que en Europa estaban como locos por desenterrar los bacilos nacionalistas, responsables directos de las II Guerras Mundiales.
Voy acabando, y no quisiera hacerlo sin recordar que no debemos temer la posibilidad de reformar la Constitución, aunque tampoco sé si este es el momento más adecuado. Desde luego que no se trata de un texto sagrado o un libro revelado, pero es crucial que las posibles reformas nazcan por acuerdo de la mayoría de los partidos políticos, y no tras fregar con napalm el tablero de juego. Conviene respetarla porque, como explica el jurista Josu de Miguel, «lo revolucionario hoy es una Ley Fundamental que cumple 39 años y que ha resistido la inclinación histórica y muy española de hacer Constituciones de partido». En un artículo reciente, Ideas para la reforma constitucional, diez catedráticos de derecho público, incluido Francesc de Carreras, consideran necesario abrir un tiempo de conversaciones. Con la mejora del sistema autonómico en primerísimo lugar. En segundo lugar solicitan reforzar el senado. Finalmente, y en un artículo de El País, Carreras solicita que se «incluya en el texto constitucional una mayor cantidad de reglas generales en materia de financiación autonómica».
Puestos a reformar yo apostaría por limitar lo que George Steiner, citado por Félix Ovejero en la introducción de su libro La seducción de la frontera, Nacionalismo e izquierda reaccionaria, como «la tiranía del origen». En el caso español la tiranía de origen provoca que determinados partidos, con una representación ínfima a nivel nacional, pero bendecidos por el sistema electoral, puedan condicionar las mayorías parlamentarias y hasta los gobiernos nacionales. A cambio, claro está, de reclamar y obtener más y más privilegios para los ciudadanos de sus territorios y en detrimento del principio de igualdad. La sangre y la tierra, los mitos nacionalistas, funcionan como eficaces constructores de fronteras. Denunciar su perversión y revertir su auge me parece de primero de higiene política y moral.
De momento, a 6 de diciembre de 2017, cercados por los fuegos combinados del populismo y la reacción, pero firmes en nuestras convicciones democráticas, conviene felicitarse por todo lo que hemos logrado juntos.
Y ojalá esta fiesta cristalice en Nueva York como lo que debe ser.
Una celebración sin vanagloria de un admirable pacto entre ciudadanos iguales y libres del que podemos mostrarnos orgullosos.
Porque ya es hora de pasearnos a cuerpo,
y porque hoy más que nunca queremos reivindicar el fraternal abrazo de Genovés,
y porque apostamos por vitaminar las tramas de afecto en una España que es Europa y viceversa,
les invito a levantar sus copas y a gritar,
(desacomplejados y modernos,
hijos de la Ilustración y de la Pepa,
y sobre todo del pacto del 78),
Libertad, igualdad y fraternidad
Viva la Constitución
y viva España
(En Nueva York, a 6 de diciembre de 2017)