Un Consejo de Ministros como si Barcelona fuera el Ulster y el Gobierno de España la alta magistratura de una potencia colonial reunida en la Isla de las Especias bajo fuego enemigo. Mientras el Gobierno de la comunidad autónoma peleaba para ser tratado de igual a igual. O sea, para que Pedro Sánchez tuviera el detalle de ceder un poco de pista a fin de ejecutar sus pintureros delirios. Cuando nada tienes importa muuucho la desenvoltura. Lo sabían los viejos bachilleres de la novela picaresca, que lampaban por las esquinas sin perder la mueca ofendida del avaro con ínfulas, y lo entienden bien Puigdemont y Torra. La causa independentista boquea. Ya sólo vive para el numerito. Empeñados sus urdidores en que a los cabecillas de la presunta banda criminal no les caigan unas penas draconianas. Por supuesto, dedicados a talar la imagen España: ayer mismo el Fugado dió en denunciar ante Naciones Unidas la supuesta vulneración de sus derechos políticos. El mismo día en que la fiscalía le denunciaba a él y el resto de su gobierno ante el Tribunal de Cuentas por desviar 8 millones de euros para sufragar el referéndum ilegal del 1-O. Fue así que el presidente Sánchez, presidente cuántico, que un día llama a Torra Le Pen español y al siguiente lo trata con honores de Gandhi, accedió a mantener su simulacro de cumbre bilateral. Los independentistas, nacionalistas y etc. le habían concedido la gracia de aprobarle el techo de gasto en el Congreso a falta de que el Senado lo tumbe. Una hora antes del encuentro llegaba el enésimo chiste. Mientras la Generalidad insistía en que a los presidentes los acompañan sus respectivos vicepresidentes, ministros y consejeros, el Gobierno español habló de dos reuniones: una de Sánchez y Torra y otra los subalternos. Dos o una, el gesto diplomático estaba ya emplatado para solaz de loritos tertulianos. Una cuchipanda con vitola de encuentro de alto nivel a celebrar en el palacio de Pedralbes. Con las calles electrizadas y las cámaras sedientas de vísceras rellenas de confeti. Mientras el gobierno autonómico lucía la suprema desfachatez de comparar el derecho de manifestación de unos particulares con el supuesto de derecho de reunión del gobierno de la nación. Cuando en realidad el gobierno no tiene que pedir permiso para reunir el sanedrín de ministros ni, muchísimo menos, puede equipararse con lo que hagan o dejen de hacer los meros peatones. De ahí que boicotear su trabajo pueda castigarse con hasta cuatro años de cárcel. La cuestión, entonces, era saber si surtían efecto las advertencias de unos Mossos desacostumbradamente severos. No se les veía tan empeñados en cumplir su trabajo desde los días en que, al mando del Astuto, apaleaban manifestantes en la plaza Catalunya y hacían méritos para que sus antidisturbios fueran los más duros de España. Quizá a la vista del cachondeo del 1-0, cuando incluso desconectaron las alarmas de los colegios, Sánchez había ordenado desplegar miles de policías y guardias civiles. Atrapado en la suprema contradicción de que los posibles disturbios aceleren la descomposición del pacto que permitió la moción de censura y, al mismo tiempo, engatusado por el obvio rédito electoral, más urgente que nunca para el PSOE tras el trompazo en Andalucía, de una cierta intransigencia, siquiera publicitaria, con quienes vulneran a diario la ley y pretenden volar por los aires el edificio constitucional. Embebidos en sus planes gaseosos deslumbrados por sus maneras de tahúr de melodrama de serie B, politólogos de corte tercerista, epítomes del jaboneo, eternamente sumisos ante los desmanes del nacionalismo, alababan la cintura del presidente, susurraban que la legislatura podría alargarse y citaban los buenos augurios que trajo la suspensión de la huelga de batidos probióticos. Sánchez tenía ya su número epidérmico de gran estadista y los independistas su remedo de Yalta versión fake. Ni que decir tiene, todos callaban ante la vergonzante moción que un día antes y en el parlamento regional había condenado con los votos favorables de JxCat, ERC, los Comunes y la CUP, la Constitución española. Por “antidemocrática” y “antisocial”. O, sea, por impedir explorar “otras formas de organización socioeconómica que no sea el capitalismo”. Después de la vía quebequesa, escocesa, eslovena y etc., bienvenidos a la vía albanesa como autopista unánime a la felicidad del pueblo escogido.

Julio Valdeón

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