Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña insistió ayer en que el 1-O votó, volverá a votar y que el problema sólo puede resolverse mediante un referéndum. Pocas veces se habrá delimitado mejor el asunto: «No vamos a renunciar nunca [no dejaremos de plantear nuevos jaques contra el Estado de Derecho] a la voluntad mayoritaria de los catalanes y las catalanas [80% según una encuesta del periódico independeista ese es el supuesto dato oficial, y eso solo en el supuesto de que el referéndum fuera legal y pactado] a decidir sobre nuestro futuro [cóctel de bullshit y eufemismos que engloba, a) que los ciudadanos de Cataluña decidan sobre el futuro de todos los españoles y que, por tanto, el resto de ciudadanos no son nosotros y b) que el Estado pase a la historia por permitir lo impensable en ningún otro lugar, o sea, la posible autodeterminación de un territorio]». Torrent respondía así a las preguntas del secretario general de Vox, Ortega Smith, que ejerce como acusación popular. Cuando las defensas cuestionaron al testigo por cuestiones que nada tenían que ver con las planteadas por Vox, el tribunal tuvo que explicarles que no podían. Esto último lo ha analizado admirablemente Tsevan Rabtan, que sigue el juicio con su habitual e implacable rayo láser. Pero parece más comestible en términos mediáticos clamar contra no sé qué rollos de presuntas indefensiones. Para desamparo el de los lectores de unos periodistas que parecen acudir al Supremo con las herramientas del narrador de un equipo de fútbol, pongamos el Barcelona en sus flamantes años procesistas, o el cronista de unas simpáticas maniobras norcoreanas coordinadas por la ANC. Las palabras de Torrent explicitan el tipo de reto ante el que nos situamos. Provocado por el abandono de los consensos constitucionales y la cultura de Derecho forjados durante más de medio siglo en la Europa occidental. Para adoptar tácticas y razones propias de los arietes populistas latinoamericanos y sus profetas peronistas. Es lo que el profesor de Derecho Constitucional en la UAB, Josu de Miguel, le ha explicado admirablemente a Manuel Manchón en Crónica Global. Está convencido de que la «reacción decisionista» y el «largo proceso de transformación de la democracia representativa en democracia plebiscitaria» «evoca la dictadura soberana de Schmit». Frutos podémicos que enraizan en España a partir de la desacralización del imperio de la ley en nombre de unas supuestas injusticias ante las que que cabe oponer todo, y lo primero de todo la abierta insurrección de unas élites políticas enfrentados al delicado y garantista edificio legal que disfrutamos. Al paso de Torrent y sus airadas promesas sonó a gloria el testimonio del que fuera número dos del ministerio de Interior en el momento del golpe. A diferencia de sus superiores, que parecían estar allí por pura casualidad, José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad, recordaba bien lo sucedido, las increíbles reuniones con unos mandos de los Mossos vendidos a la causa, los actos de sabotaje en carreteras, los sucesos violentos durante el registro del 20 de septiembre y hasta la propuesta, no atendida por el gobierno de la Generalidad, de trasladar el escenario del referéndum a las calles, que habría desactivado los últimos jirones de aparente legitimidad de un acto jibarizado a su condición última de mascarada. «Todo fue surrealista», dijo Nieto, «estábamos en la mesa hablando del dispositivo para evitar el 1 de octubre con quienes habían convocado el 1 de octubre». Frente al pueblo autoorganizado del que hablan y hablan las Colau aquel fue un golpe facturado desde arriba. Algún día alguien del gobierno central nos explicará qué carajo hacían negociando con Milans del Bosch el dispositivo de seguridad de una anunciada performance protagonizada por un tal Tejero.

Julio Valdeón

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